Sandra Ortega Mera ha tenido un año complicado, que ha terminado estallando estas semana en varios titulares. Los más destacados: el juicio que la enfrenta a su antiguo gestor, José Leyte, destituido el 18 de noviembre de 2020 por pérdida de confianza, y que demandó a Ortega por desacuerdos en el finiquito… Y la querella penal que esta semana ha presentado Ortega contra el mismo Leyte por apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal, como adelantó elDiario.es. También, en estas mismas semanas, se han producido: la venta del 31% que poseía la Ortega en Room Mate, la hotelera de Kike Sarasola; la caída en la valoración de otra de sus grandes inversiones, por valor de 40 millones de euros; y la retirada de 82,3 millones de euros de su SICAV (la cuarta parte de su valor). Todo en un mes.
Aunque tanto ajetreo desde junio hasta hoy ha sido en parte coincidencia de fechas. El terremoto empezó en noviembre, con la destitución de Leyte, que llevaba casi dos décadas al frente de Rosp Corunna, la sociedad matriz donde Rosalía Mera, la madre de Sandra Ortega, canalizó todas sus inversiones. Leyte, experto en banca privada y familiar, se puso al frente de la sociedad, y ejerció como director general en casi todas las empresas que emanaban de Rosp Corunna.
Tras la muerte de Mera, en 2013, Leyte continuó trabajando con Sandra Ortega, aunque fue perdiendo poder poco a poco: Ortega decidió tomar un papel más activo en sus inversiones –accediendo incluso a puestos en consejos de administración, una tarea que en tiempos de Mera habría recaído en Leyte o algún otro directivo–. Y también dando más cancha al que sería el sustituto definitivo de Leyte, José Antonio Fresnedo (que también llevaba en la sociedad desde los dosmiles), que en 2016 se puso al frente de varias de las sociedades de Rosp por decisión de Ortega. Incluyendo la división inmobiliaria, Ferrado Inmuebles, que pasó de gestionar 55 millones en tiempos de Leyte a casi 800 millones en la actualidad (y que ha dejado pérdidas este año, pero por la multiplicación de las inversiones. Y casi todas en oficinas internacionales, siguiendo el ejemplo de Pontegadea, la rentabilísima inmobiliaria de Amancio Ortega).
El despido, por pérdida de confianza, vino acompañado de una auditoría a fondo de sus años de gestión –que se conoce como forensic, y suele ser habitual en estos casos–. Y de una indemnización de alta dirección. Que en España, desde 1985, se estipula en siete días por año, hasta un máximo de seis mensualidades. Ambas decisiones, el forensic y la indemnización, desembocaron en los titulares judiciales de estos días. El laboral, con un juicio que se produjo el 11 de junio y está visto para sentencia (en el que Leyte argumentaba que la indemnización que le corresponde es más millonaria, y que la relación que le unía con Rosp no era de alta dirección, sino ordinaria). Y el actual, con la querella penal a la luz de las irregularidades que el forensic, auditado por una empresa externa con cierta reputación, ha ido descubriendo. Y que podrían añadir más cargos, porque la investigación sigue en curso.
Al mismo tiempo, a Ortega le acompañaron más titulares económicos: la venta del 30,74% de Room Mate, una inversión que le ha dejado un agujero de 26 millones de euros difícilmente recuperables a corto plazo (las cuentas de Room Mate llevan años en negativo, y el pasivo de la cadena supera los 100 millones de euros). Un proceso que también se ha activado este verano, aunque la orden de vender la participación se remonta al mes de febrero.
Otro titular reciente también informaba de la mala fortuna que están teniendo las acciones de PharmaMar, una de las apuestas más personales de Ortega (su madre y ella ya eran accionistas hace años, y la millonaria decidió hace poco invertir aún más). Cuya volatilidad, dependiendo del día, hace perder o ganar hasta 40 millones de euros en valoración a las acciones de Ortega, que posee el 5,01% de la farmacéutica. Sin embargo, no está previsto que Ortega abandone esta acción ni el compromiso con la empresa, que ha contratado a un grupo financiero para estabilizar su valor, disparado (en todas direcciones) durante la pandemia.
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