Pocos meses después de protagonizar uno de nuestros reportajes de portada en 2014, la magistrada Mercedes Alaya fue apartada del caso que la había convertido en famosa a su pesar. El caso ERE, una trama que empezó a instruir en 2011 y de la que quedó relegada en el otoño de 2015, tras meses de disputa con los organismos judiciales. El caso ERE, que le granjeó la enemistad de los dos grandes partidos, y que dejó instruido casi por completo, según aseguró el año pasado. El enfrentamiento con su sustituta, la juez Núñez Bolaños, hizo que perdiese la comisión de servicios que había solicitado para llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias.
Por un lado, la magistrada Alaya, autodefinida como una persona tan pasional como vocacional, encontraba un respiro: el de las cámaras. Su convicción la llevaba a rehuír a la prensa, o a tomar la determinación de no hablar para no perturbar la independencia judicial que siempre la ha obsesionado. Porque Mercedes Alaya, de 56 años, llevaba toda la vida soñando con su profesión: desde la infancia, siempre quiso ser jueza. Algo que logró en oposición a la primera un año después de licenciarse: a los 24. Para entonces, ya llevaba años casada con el auditor Jorge Castro, su gran apoyo (y que desde el año pasado dirige la filial andaluza del grupo auditor Bové Montero y Asociados, donde ha entrado como socio), con quien ha tenido cuatro hijos. Y con quien renovó los votos en una ceremonia en 2014, tras 30 años de casados. En la que intentaron, sin éxito, esquivar a las cámaras. Ésa era la Mercedes Alaya que llevaba 17 años al frente del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla. La que acudía impertérrita, con su eterna maleta, a la cita diaria con el millón de folios con el que dibujaba varios de los mapas de la corrupción en Andalucía.
Pero, desde abril hasta octubre de ese 2015, el enfrentamiento de Alaya con la judicatura en general y su sucesora en particular–que con el tiempo soliviantaría desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hasta las más altas instancias del Poder Judicial, pasando por el Consejo Fiscal–, hizo tambalear la macrocausa de corrupción socialista. Alaya había ganado una plaza en la Audiencia de Sevilla, abandonando su Juzgado de Instrucción nº 6 en la misma provincia. Con la condición -apalabrada con todas las partes, según la jueza- de que ella continuaría esa instrucción merced a una comisión de servicios . Pero su sustituta, Núñez Bolaños, no estaba dispuesta a compartir la causa con la anterior titular, ni el criterio que había llevado a Alaya a imputar a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chavés y José Antonio Griñán. Ambos han sido condenados finalmente esta semana, en una sentencia que dedica un par de líneas a respaldar el trabajo de Alaya, que perdió aquel pulso judicial.
La juez estrella, que había emitido escritos acusatorios contra su sustituta en esos meses turbulentos, siempre afirmó que el motivo último de apartarla del caso no estaba en los ERE, sino en una posible corrupción mayor: los cursos de formación. Núñez separó de la causa esa pieza a finales de 2015, que terminó archivando en 2016 –y que ha reabierto este verano tras la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla–… Y Alaya decidió hacer lo que no había hecho públicamente hasta entonces: hablar. Hablar más allá de sus autos y escritos. En diciembre de 2015, al recoger un premio por su trayectoria como jurista, la juez denunció en su discurso las presiones políticas y las "trabas" a su investigación. En aquel momento, ya no había forma de que pudiese seguir instruyendo el macrosumario.
En los últimos tres años, Mercedes Alaya ha ofrecido una serie de conferencias, ponencias y hasta entrevistas -un vuelco a su eterna decisión de mantenerse al margen de los medios-, siempre sobre el mismo eje: la independencia judicial. Y siempre dando vueltas a la injerencia política como responsable de su alejamiento del caso. En todas sus intervenciones se explayaba con la situación actual de la justicia en España, y en todas se granjeó ciertas enemistades. También, en ese mismo 2018, Alaya intentó dos veces conseguir plaza como instructora en la Audiencia Nacional, en vano. Al mismo tiempo, denunciaba una conspiración política para mantenerla alejada de las grandes causas de corrupción andaluzas. El PSOE y el PP, afirmaba, mantenían un pacto de silencio para que la supercausa de los cursos de formación no prosperase. Sin embargo, fue un recurso del PP andaluz, estimado parcialmente este verano por la Audiencia Provincial, el que consiguió la reapertura de la causa.
Los fiscales cargaron contra ella tras una ponencia en el Club Siglo XXI en la que afirmaba que la dependencia de la Fiscalía General imposibilitaba a todos los fiscales de España investigar las causas de corrupción. Pero fue la entrevista que concedió a la edición sevillana del ABC, en primavera de 2018, en la que denunciaba la labor de sus ex compañeros del Juzgado Nº6, y hasta la escasa profesionalidad de uno de sus magistrados de refuerzo. Por ambas intervenciones, recibió la recriminación de los afectados -la Junta de Jueces de Instrucción y el pleno del Consejo Fiscal- y hasta el CGPJ instó al más alto tribunal de Andalucía que investigase si había que censurar la actuación de la magistrada, diligencias finalmente archivadas ante la "tranquilidad" que declaró Alaya durante ese proceso. "Mis criticas", afirmó en declaraciones a varios periodistas en la Audiencia de Sevilla en verano de este año, "son al sistema". La sentencia, al menos, ha demostrado que su instrucción -incluyendo la imputación de los mayores responsables políticos de la Junta de Andalucía- era correcta.
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